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- Escrito por RICARDO AUGUSTO RAMIREZ RIVAS
- Categoría: Eventos y Noticias Externas
- Publicado: 24 Abril 2017
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A propósito de los últimos acontecimientos que vive el país
Los universitarios no queremos hacer parte del círculo de estigmatizaciones que vive el país entre izquierda y derecha. Pareciera ser que para los políticos las experiencias traumáticas vividas han pasado sin pena ni gloria y en los actuales momentos se está llegando a niveles de confrontación, violencia y también de exterminio. ¿Pero por qué tenemos que llegar a esto para poder entendernos?
Como universitario repudio todos los hechos de violencia que han enlodado la actividad propia de la vida estudiantil y la vida del venezolano en general. Lamentamos la trágica muerte de venezolanos tachirenses, en los ´últimos días, la represión desmedida evidencia la grave crisis que enfrenta nuestra sociedad.
La idea equivocada de que todo aquel que disienta es miembro de un grupo partidista no solo desfigura el derecho de todo ser humano a la libertad de expresión y opinión en un país supuestamente democrático, sino que imposibilita la sana crítica, la libertad de cátedra y la investigación, pilares fundamentales de la actividad académica.
Las universidades tampoco pueden ser objetivos políticos partidistas ni muchos menos objetivos militares del gobierno. Según han reseñado los medios, se conocen más de 30 amenazas, violaciones de recintos universitarios y confrontaciones violentas en las universidades este año, sin contar las que seguramente no se denuncian. Estas situaciones han conllevado incluso al cierre de varias universidades por varios días.
Debo rechazar públicamente el clima de terror en el que se desarrolla la vida universitaria, y solicito al gobierno brindar las medidas de protección a las víctimas de los atropellos, atracos y amenazas. Y nosotros los universitarios debemos rechazar y no permitir los hechos de violencia en las inmediaciones de la Universidad pues estos perjudican la institución y ponen en riesgo a la Comunidad Universitaria.
Estos trágicos sucesos del mes de abril deberían ser también una invitación para que se traten con más cautela los temas de seguridad dentro de las universidades y las maneras de disuadir las manifestaciones. Las pasadas declaraciones de personeros del Gobierno Regional y Nacional, en las que afirma que en las universidades públicas se meten unos "bandidos" y se forman "terroristas", estigmatizan y ponen en peligro a toda la comunidad estudiantil.
De hecho, en los estándares internacionales de protección de derechos humanos, el uso de las “bombas lacrimógenas” se equipara al uso de la fuerza potencialmente letal. Esto quiere decir que las fuerzas de seguridad no pueden hacer un uso desproporcionado, desmedido o arbitrario de bombas lacrimógenas. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional señala en su Artículo 8, “Crímenes de guerra: e) Otras violaciones graves de las leyes y los usos aplicables en los conflictos armados que no sean de índole internacional, dentro del marco establecido de derecho internacional, a saber, cualquiera de los actos siguientes: iv) Dirigir intencionalmente ataques contra edificios dedicados a la religión, la educación, las artes, las ciencias o la beneficencia, los monumentos históricos, los hospitales y otros lugares en que se agrupa a enfermos y heridos, a condición de que no sean objetivos militares.” Y esto se ha hecho sistemáticamente contra viviendas, edificios residenciales y contra nuestra universidad.
Los universitarios no queremos hacer parte de este círculo absurdo de las estigmatizaciones que vive el país. Los últimos hechos violentos acaecidos deben hacernos reflexionar a toda la comunidad académica y toda la sociedad venezolana en general, sobre el grado de intolerancia y represión que se vive hoy en nuestro país. El Gobierno tiene que entender que la democracia es alternabilidad y allí debe prevalecer el respeto a la constitución y el mecanismo electoral, es decir, se debe propiciar los cronogramas de elecciones correspondientes y la libertad de los presos políticos.
Además, el Estado tiene que encontrar una forma para blindar a todos los centros educativos, lugares protegidos por excelencia, incluso por el Derecho Internacional Humanitario, de los ataques violentos del conflicto político.
En un país en el que los universitarios no pueden recordar un solo día de su vida sin titulares de intimidación y amenazas. No proteger la academia como el lugar del debate pacífico por excelencia sería equivalente a darles la razón a quienes durante los últimos años nos han enseñado que la vida se resuelve a tiros y que la Autonomía Universitaria se resuelve por la vía judicial.
La universidad es el espacio idóneo para propiciar este debate. Es sumamente preocupante que un espacio llamado a ser el natural escenario de las diferencias de opinión y del debate de los argumentos y las ideas también se convierta en un escenario de guerra. Tienen que haber capacidades en todos los actores, pero especialmente en los políticos para entenderse a pesar de las diferencias y para entender que hay reglas de juego que se deben respetar. Hay que buscar caminos que disminuyan la confrontación, el derramamiento de sangre y la pérdida de vidas humanas.
Raúl Alberto Casanova Ostos
Rector